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EL NUEVO CATRASTAZO PUEDE AFECTAR A 1.295 MUNICIPIOS

  08/01/2018 - Un total de 1.295 ayuntamientos están en disposición de subir este año el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). De hecho, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, ya ha aprobado y comunicado el incremento del coeficiente de sus valores catastrales.

A partir de ahora, son estos municipios los que deben decidir si, efectivamente, actualizan los datos y repercuten sobre sus ciudadanos el aumento.

Entre esos municipios se encuentran capitales de provincia como Valencia, Granada, Cádiz, Huelva o Badajoz. Todas ellas, según los cálculos del catastro, pueden llevar a cabo subidas de hasta el 4% o 5%. Pero también en otras poblaciones como Cadaqués (Gerona), Bayona (Pontevedra), Ribadavia (Orense), Ayamonte (Huelva) o Yaiza (Las Palmas), en donde los incrementos pueden ser incluso del 7%.

La cifra varía en función del año en el que entró en vigor la última revisión que se realizó sobre cada municipio. Por esa misma razón, también hay poblaciones en las que se produce una caída en el coeficiente. Son aquellas cuya última actualización solicitada y aplicada tuvo lugar en plena burbuja inmobiliaria. Un ejemplo es Lérida, en donde los cálculos evidencian que debe producirse una caída impositiva del 4%, Buniel (Burgos), con un descenso del 6%, o Valdemoro (Comunidad de Madrid) y Roquetas de Mar (Almería), con un 9%. Todos ellos son parte de los 535 ayuntamientos en los que el impuesto debe reducirse para adaptarse al nuevo contexto económico e inmobiliario.

«A petición de los ayuntamientos, el catastro actualiza los valores porque están por debajo o por encima del mercado. Pero esto no supone necesariamente una subida o bajada del IBI porque son los mismos ayuntamientos los que deciden si suben o no el impuesto», explican desde el Ministerio de Hacienda.

Las modificaciones de los coeficientes, en las que no están incluidas las poblaciones de País Vasco y Navarra al tener Haciendas propias, fueron aprobadas en el último Consejo de Ministros del año. Así, junto a la revalorización del 0,25% para las pensiones o el anuncio de cinco nuevas líneas del AVE, el Gobierno tramitó el catastrazo que afecta a un total de 1.830 términos municipales. Lo hizo, además, a pesar de que el país todavía no cuenta con los Presupuestos Generales de Estado (PGE) de 2018. El trámite habitual es que la actualización se incluya en los PGE pero ante la imposibilidad de sacarlos adelante, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya ha anunciado cuáles serán las subidas y bajadas impositivas.

De esta manera, los ayuntamientos que suban el IBI tendrán otra vía para mejorar las cuentas de un sector de la Administración que tiene ya un importante superávit. Según los últimos cálculos de la AIReF, medidas del control como la regla de gasto han permitido que los municipios, además de ser clave para el cumplimiento del déficit de las AAPP, acumulen ya cerca de 23.000 millones en depósitos.

Por otro lado, y según explica la consultora Ayming en declaraciones recogidas por Europa Press, la subida del valor catastral también influye a otros impuestos como el IRPF, donde se declara la imputación de renta inmobiliaria en inmuebles que no son la vivienda habitual del contribuyente y que no están destinados a una actividad económica. También pueden verse afectados el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La mayor parte de las CCAA determinan la base imponible de estas figuras que se calcula, entre otros aspectos, en función de valor catastral.

realestatepress

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